Mientras los índices de criminalidad van en aumento en nuestro país y es evidente el déficit de efectivos policiales en las calles, el excongresista acciopopulista Manuel Merino de Lama, quien fue presidente de la República por solo cinco días cuenta nada menos que con diez suboficiales de la Policía para su seguridad personal. Además, tiene designado un trabajador, cuyo salario es cubierto por el Parlamento.
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Según un informe del Diario El Comercio, el ex titular del Poder Legislativo remitió una carta al actual oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, a inicios del mes pasado solicitando que se le deposite el pago “por concepto de movilidad” a los 10 policías que tiene asignados. Y adjunta un documento, donde está cada una de las cuentas bancarias de estos.
También se precisa que de acuerdo con El Decreto Supremo N°004-2022-IN –promulgado en mayo del año pasado por el entonces presidente Pedro Castillo y ministro del Interior, Alfonso Chávarry- actualizó el Reglamento de Seguridad y Protección a Funcionarios Públicos, Dignatarios y Personalidades. En su artículo 7.3 establece que los expresidentes gozan de protección semi integral, el cual es brindado por la Dirección de Seguridad del Estado de la PNP.
Dicha protección es por cinco años, después de haber dejado el cargo. “Posterior a ello, se les brinda el servicio de seguridad y protección personal. Excepcionalmente, pueden continuar con el servicio de seguridad y protección Semi Integral, previa evaluación de riesgos”, remarca el documento.
Asimismo, precisa que entre las opciones para la conclusión del servicio de seguridad y protección están la “solicitud expresa” y cuando “la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional considerando la evaluación de riesgo que corresponda, determine que no es necesario continuar” con este.
“ES UN ABUSO DEL DERECHO”
Al respecto, el exministro del Interior Carlos Basombrío dijo los dispositivos legales que norman el resguardo a exmandatarios estuvieron concebidos para autoridades que estuvieran los cinco años, y no para “presidentes por cinco días, como Merino”.
“Aquí existe un abuso del derecho, y lo comete el señor Merino, le falta la dignidad que habría tenido un verdadero expresidente, por cinco días en el cargo, no le corresponde esa protección. Si fuera una persona digna habría renunciado a esa formalidad, sobre todo cuando los policías no sobran en el país”, subrayó a El Comercio.
“ES UN EXCESO EL NÚMERO DE EFECTIVOS”
Para el exministro del Interior, Mariano González, consideró que si bien legalmente, Merino de Lama, al haber sido presidente de la República, tiene el derecho a que se le asigne servicios de seguridad, por el contexto de su corto mandato y por la necesidad de contar con policías que cuiden a los ciudadanos, “es un exceso el número de efectivos” que los resguardan.
“Creo que haría bien Merino en pedir reducir el número de policías [que lo protegen]”, remarcó.
González, tras recordar que “sabiendo lo que sucedió en esos días”, en referencia a las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado en las protestas del 14 noviembre del 2020, el acciopopulista deberían tener una decisión política “más adecuada y coherente”.
Asimismo, se pronunció a favor de que el Congreso coloque candados a la Ley N°26519, que creó la pensión y los otros beneficios a los expresidentes de la República.
TRABAJADOR ES PAGADO POR EL PARLAMENTO
En relación al trabajador a disposición de Merino Lama, cuyo salario es cubierto por el Parlamento, indica el informe que se trata de Norfolk Gamarra Osco, quien se desempeña como técnico desde el 28 de marzo de 2022. Es decir, durante la conducción de la congresista María del Carmen Alva (Acción Popular) de la Mesa Directiva.
Gamarra Osco, militante acciopopulista desde mayo de 2004, ha cobrado S/66,600, hasta el momento, al Congreso. También trabajó como coordinador del político tumbesino en su oficina en el Congreso complementario (2020-2021).
En el programa “Nunca es tarde”, de RPP TV, Alva dijo que la Comisión de Constitución, a través de un informe remitido a su Mesa Directiva, señaló que los titulares del Congreso ni los vicepresidentes de la República que llegaban a la Presidencia no tenían derecho a una pensión, pero sí a un técnico pagado por el Parlamento.
No obstante, en el referido informe, al que accedió El Comercio, no se establece que los expresidentes que llegaron por sucesión tengan la prerrogativa de contar con un trabajador, cuyo salario sea cubierto por el Congreso.
